Rita Balboa*
La línea fronteriza de México con América Central y Belice se
ha convertido en una línea estratégica para la seguridad nacional de México, la
considera la parte más sensible y vulnerable de nuestra soberanía nacional.
El incremento del tráfico de personas -hoy no sólo de
Centroamérica, también de Sudamérica, Asia y África-, la violencia de
pandillas, el trasiego de drogas ha puesto en alerta al gobierno del presidente
Enrique Peña Nieto, quien ha ordenado redoblar esfuerzos en la frontera sur
para combatir la delincuencia en la zona fronteriza y dar seguridad a todos los
mexicanos -desde luego a los chiapanecos- que habitan en la frontera con
Guatemala y Belice.
El gobierno de la federación, por conducto de las Fuerzas
Armadas, en coordinación con los gobiernos de Guatemala y Belice impulsan un
proyecto de Fuerza de Tarea en su frontera común, con el apoyo del Comando Sur
de los Estados Unidos, para llevar a cabo patrullajes terrestres, aéreos y de
reconocimiento para el intercambio de información e inteligencia para combatir
al crimen organizado.
El general Juan Manuel Pérez Ramírez, jefe del Estado Mayor
de la Defensa de Guatemala, sorpresivamente hizo el anuncio en la pasada Conferencia
de Seguridad de Centroamérica (CENTSEC 2017), que fue organizada por las
Secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina en Quintana Roo en días
pasados, con el copatrocinio de los Comandos Norte y Sur de los Estados Unidos.
De acuerdo a lo dicho por el militar chapín, la Fuerza de
Tarea ha venido trabajando desde hace más de cinco años, y que una de las bases
operativas está enclavada en el Petén, que es un área estratégica que colinda
con el Río Usumacinta en Chiapas.
El proyecto de seguridad e inteligencia militar realiza patrullares
aéreos, terrestres y de reconocimiento en la frontera de más de mil kilómetros
que comparte México con América Central y Belice, además del intercambio de
información e inteligencia para realizar operaciones de interdicción con el
apoyo de tecnología e inteligencia por parte del Comando Sur para contrarrestar
al crimen organizado.
Otro de los generales de Centroamérica que participaron en la
cumbre castrense fue el general David Munguía, ministro de Defensa de El
Salvador. Él destacó que el tráfico de drogas afecta de manera distinta a cada
país, y en este contexto, cada nación debe usar todas sus capacidades para
hacerle frente. Con lo dicho por el general salvadoreño coincidió el viceministro
de Seguridad Pública de Panamá, Jonathan Gabriel del Rosario Arosamena, quien
destacó que el narcotráfico es una amenaza transnacional que hay que combatir
con todas las capacidades, no sólo en el ámbito de la seguridad pública sino
también en el ámbito social.
No hay duda: Frontera Sur igual a Seguridad Nacional.
¿Qué importancia tiene
la Frontera Sur de México?
Chiapas es el estado del sur del país con mayor extensión en
términos fronterizos. De los cerca de mil 140 kilómetros de extensión que tiene
la Frontera Sur, 658.5 los comparten Chiapas y Guatemala; de los 21 municipios
del límite sur de México con otros países, 19 pertenecen a Chiapas y esta
frontera es, por excelencia, el paso natural desde Centroamérica.
Aproximadamente 58 por ciento de esta frontera está en
territorio chiapaneco.
En los últimos años, particularmente a partir del 2003, el fenómeno
de pandillas como la mara se ha hecho presente en la Frontera Sur. La aparición
de pandillas juveniles trasnacionales ha dejado muy clara la porosidad de la
frontera y ha alertado a los actores políticos sobre la necesidad de poner
atención sobre su origen, crecimiento y vínculos con el crimen organizado.
Un tema ligado a la migración y el narcotráfico es el de la
seguridad nacional. En la frontera sur de nuestro país se conjugan los tres
fenómenos migratorios: como una zona de origen, como una zona de tránsito y
como una zona de destino de la migración.
La frontera de México con Guatemala y Belice tiene la mayor afluencia
de migrantes, la operación de la delincuencia organizada, tráfico de personas y
de drogas y la ausencia de una autoridad que actúe con políticas claras y que
se constituya como garante del orden y no como factor de corrupción y de
inseguridad.
Es de vital importancia dar especial atención a la Frontera Sur,
y concretamente al estado de Chiapas, ya que su enorme extensión y las
condiciones de su terreno facilitan el ingreso de grandes cantidades de droga,
armamento, indocumentados y contrabandistas de todo tipo.
El problema de la Frontera Sur debe ser considerado como un
problema de seguridad nacional, y no debe ser tratado más como una frontera
aislada de la frontera norte de nuestro país, pues en cuanto al contrabando de
droga, armamento, mujeres e indocumentados, México continúa siendo una vía de
paso obligada hacia los países del norte de América.
¿La migración y los
derechos humanos?
Los principales
aspectos que ocupan a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en
materia de inmigrantes extranjeros en territorio nacional, son cuatro:
1. La violación de los derechos humanos de los migrantes por
parte de autoridades mexicanas, las que los extorsionan, los agreden o les dan
un trato indigno, autoridades federales, autoridades municipales y autoridades
estatales.
2. El alto riesgo que corren los migrantes que son víctimas
de la delincuencia común y organizada ante la indiferencia de las autoridades.
3. El aseguramiento de migrantes por parte de autoridades que
no están facultadas para ello.
4. Las condiciones en las que permanecen los migrantes en las
estaciones migratorias en donde existe hacinamiento y condiciones indignas.
Impuestos para la
igualdad de género no para la discriminación
Un grupo de mujeres mexicanas que viven en el país o en el
extranjero proponen una campaña realmente interesante, original y de grandes
alcances para las mujeres que buscamos y luchamos por la paridad sustantiva de
género en México.
Su propuesta inicia a partir de la “Declaración anual de las
personas físicas” ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:
“Hacemos una demanda de justicia elemental: que los impuestos
que pagamos millones de ciudadanas y ciudadanos se usen para alcanzar igualdad
de género en cargos de dirección, licitaciones, contrataciones, salarios y
beneficios laborales de instituciones, dependencias y organismos públicos cuyo
presupuesto total o básico proviene de las/os contribuyentes.
“No pagamos impuestos para que se discrimine a la mujer, como
sucede actualmente en los tres niveles de gobierno, en los Poderes Legislativo
y Judicial, así como en universidades públicas, partidos políticos y organismos
públicos independientes.
Y ponen ejemplos de lo que consideran discriminación en los instituciones,
dependencias y organismos públicos:
1.-Únicamente 3 de las 18 Secretarías del gobierno federal
están encabezadas por mujeres. Comparable desigualdad de género se observa en
las Subsecretarías, Unidades y Direcciones Generales, no obstante haber mujeres
con las cualidades y aptitudes requeridas para dirigir tales dependencias.
2.-De los 32 estados que conforman la República –Ciudad de
México incluida-, sólo uno, Sonora, es gobernado por una mujer. En presidencias
municipales la participación de la mujer es minúscula.
3.-Hay así mismo pocas mujeres en las presidencias de los
partidos políticos, al igual que en los puestos de dirección de organismos
públicos independientes como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el
Instituto Nacional Electoral, o bien, de instituciones de enseñanza e
investigación como la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto
Politécnico Nacional.
Entre las firmantes se encuentran Yolanda de Garay Castro,
Leticia García Oseguera y Leticia Llamas de la Torre.
Política mediática
El Senado de la República dio voz a la Comisión Nacional para
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) dentro del Sistema Nacional para
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Con
la aprobación de la adición de una fracción XIX al artículo 2, una fracción V
al artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas, así como la adición de una fracción XII al artículo 36 de la
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la CDI
podrá dar seguimiento a las acciones de las autoridades federales, estatales,
de la Ciudad de México y municipales para la prevención, protección, sanción y
erradicación de todas las formas de discriminación cometidas contra mujeres y
niñas indígenas. @ La
Asamblea Legislativa efectuó reformas a las leyes de Cultura Cívica; para Prevenir
y Eliminar la Discriminación; de Salud, y de los Derechos de los Niños, Niñas y
Adolescentes. El Gobierno de la Ciudad de México publicó una serie de reformas
que pretenden clasificar como actos discriminatorios a quienes insulten o
intimiden a una mujer que dar pecho a su hijo en lugares públicos. Además,
estas conductas también serán objeto de sanciones.
*Política y periodista
chiapaneca.
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