2
de abril de 2013
Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas
“La
explicación es muy sencilla, ya no habrá más Juanitas, o sea ya no
ocurrirán las presiones políticas o agresión de géneros para que
alguna legisladora renuncie a su cargo y su lugar lo ocupe un
hombre”, explicó la presidenta del ONMPRI.
En el La
presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI) en
Chiapas, regidora Rita Balboa, calificó de “histórico” la
aprobación unánime de la Cámara de Senadores del dictamen que
busca erradicar la “violencia política de género” y acabar los
obstáculos que impiden a las mujeres acceder a cargos de elección
popular o funciones públicas.
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La lideresa
de las mujeres del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el
estado recordó que hace unos días el pleno aprobó con 100 votos a
favor un proyecto de decreto que reforma la Ley General de Acceso de
la Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales.
Ahí,
agregó, se define con precisión a la violencia política de género
como las acciones y conductas agresivas que causen daño físico,
psicológico o sexual en contra de las mujeres o de sus familias para
impedir o restringir el ejercicio de su cargo o inducirla a tomar
decisiones en contra de su voluntad o de la Ley en el ejercicio de la
representación política.
El texto es
claro al señalar que son actos de violencia política de género
cuando se presione o induzca a las autoridades electas o designadas
del género femenino a presentar su renuncia al cargo o impidan o
restrinjan su incorporación al cargo cuando hagan uso de una
licencia justificada.
“La
explicación es muy sencilla, ya no habrá más Juanitas, o sea ya no
ocurrirán las presiones políticas o de agresión de géneros para
que alguna legisladora renuncie a su cargo para que su lugar lo ocupe
un hombre”, explicó la presidenta del ONMPRI.
Y destacó
dos puntos del texto que considera vital:
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“Se
precisa que incurren en estas trasgresiones quienes divulgan o
revelan información personal o privada de las mujeres candidatas,
electas, designadas o en el ejercicio de funciones político-públicas,
con el objetivo de menoscabar su dignidad como seres humanos y
utilizar la misma para obtener contra su voluntad la renuncia y
licencia al cargo que ejercen o postulan.
“Son actos
de violencia política de género la divulgación de información
falsa relativa a las funciones político-públicas, con el objetivo
de desprestigiar su gestión y obtener contra su voluntad la renuncia
al cargo que ejercen o postulan”.
Destacó
finalmente que la desigualdad en el ejercicio del poder, según la
Cámara Alta, se refleja en la dificultad de las mujeres a acceder a
dichos espacios y a los riesgos que han tenido que enfrentar a medida
que la participación política se ha incrementado.
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